La ventaja de una ley como la de Uruguay es que regula y contempla casi todos, si no todos, los casos que podrían darse. Al controlar toda la cadena de suministro, el gobierno se hace cargo de cualquier contingencia.

Desde que Uruguay aprobó en 2013 la ley que legalizaba el cannabis, mucho se ha hablado de una nueva era en la legislación que regula las drogas llamadas “blandas”. Aún así, la maraña de leyes que contradicen otras leyes, o que cambian de gobierno a gobierno, no ayudan a que los consumidores se sientan informados.

Que ahora puedan comprarse semillas sativas feminizadas de manera legal en muchos puntos del planeta no significa que sea legal la comercialización de la marihuana, o su posesión. La ventaja de una ley como la de Uruguay es que regula y contempla casi todos, si no todos, los casos que podrían darse. Al controlar toda la cadena de suministro, el gobierno se hace cargo de cualquier contingencia. Este enorme trabajo y necesidad de gestión es el culpable de que se haya retrasado la puesta en marcha de la ley hasta el año 2015. Teniendo en cuenta que el despliegue de las ventas legales debe hacerse de una sola vez, el retraso parece lógico.

La complejidad de la puesta en marcha también reside en la cantidad de medidas que contempla: desde el contenido de THC de cada cepa (un quince por ciento), hasta el máximo de plantas que se pueden cultivar por domicilio (seis) o el máximo de gramos por año (480 gramos). Esta ralentización tiene a muchos países y colectivos pendientes, ya que muchas cosas pueden moverse a partir de los buenos o malos resultados de esta legislación.

No olvidemos que esta medida se puso en marcha bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. En una América Latina asolada por los asesinatos diarios, las muertes colaterales que el tráfico ilegal de estupefacientes supone, y el coste inmenso de una población reclusa que no deja de crecer, esta ventana hacia una nueva manera de hacer las