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AVISO LEGAL
La importación, tenencia y venta de semillas de cannabis no están reguladas por la ley de acuerdo con el Tratado Unilateral de Estupefacientes acordado en Viena en 1961. En algunos países como en España el cultivo de semillas de cannabis por empresas, asociaciones o particulares, sin la debida autorización, puede ser constitutivo de delito (Artículo 25.1 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Artículo 368 del Código Penal), por lo que la venta de semillas en estos países es, exclusivamente, para aplicaciones industriales, colección o preservación genética. Los distribuidores y clientes de Neville Grow, aceptan la restricción específica de que las semillas no sean utilizadas por terceros para fines ilícitos. Así mismo no se pretende fomentar ni inducir a nadie a actuar contra la Ley y cada cual es responsable de sus actos.
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14/03/2015

El Gobierno Uruguayo llevó a ONU su defensa de la marihuana

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El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, tuvo a cargo esta semana en Viena el discurso de Uruguay en la jornada inaugural de la Comisión de Estupefacientes que tiene lugar en la sede de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc). Hace una semana, un organismo especializado en drogas de ONU había criticado a Uruguay por seguir de forma unilateral el camino de la legalización del cultivo y comercialización de cannabis.


Romani aseguró que la “regulación de mercados en un pensamiento coherente, es el sistema de control más eficaz que protege la salud pública y le disputa el mercado ilícito al narcotráfico”.


El titular de la JND dijo que Uruguay no es un modelo para nadie ni promueve la legalización de la marihuana. “Defendemos nuestro derecho soberano. Es una experiencia uruguaya y la estamos evaluando”, dijo el jerarca.


Abogó también por la “diversidad de enfoques y miradas. Cuestionó las políticas abusivas contra el combate a las drogas como la internación compulsiva y los campos de trabajo que adoptaron algunos países. “¿Verdaderamente se custodia y garantiza el derecho a la salud y la seguridad humana con políticas que incrementan la violencia?”, se preguntó.


Las declaraciones de Romani hacen las veces de respuesta a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, que volvió a cargar en su informe 2014 contra la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay.


“Ello no solo repercutirá en la fiscalización de drogas en el Uruguay, sino que también afectará negativamente a las labores de lucha contra la droga, en particular a la fiscalización del cannabis, en otros países, sean o no vecinos”, dice el informe de la oficina de la ONU.


Manifiesta, además, “honda preocupación” por los cambios introducidos durante el gobierno de José Mujica.


“El Uruguay se ha convertido en el primer Estado parte en la Convención de 1961 que ha legalizado la producción, la distribución, la venta y el consumo de cannabis y sus derivados con fines que no sean ni médicos ni científicos”, agrega el informe.


La ONU señala que la ley que se ha aprobado “es incompatible con lo dispuesto en la Convención de 1961″, que limita la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”


Ayer otros países acompañaron el planteo de regulación. El ministro de Justicia y Derecho de Colombia, Yesid Reyes, señaló que las políticas contra las drogas no han dado los resultados esperados, por lo que no pueden continuar sin modificarse. “Declaramos una guerra que no se ha ganado, por lo tanto se hace imperativo idear, proponer y acordar a nivel global nuevos enfoques”, dijo.


Legalización no contradice acuerdos.


El especialista en Derecho Administrativo Adrián Gutiérrez y la abogada Alejandra Pírez Ledesma trataron en la Revista de Derecho Público la polémica del gobierno uruguayo con la ONU. Según los expertos, esta “se basa en una interpretación restringida de los convenios“. Recordaron un comunicado de ONU que aclara que los tratados de fiscalización internacional reconocen que los adictos necesitan tratamientos y no penas de prisión. “En base a tales argumentos no se vislumbra por qué se considera que Uruguay incumple con los convenios internacionales”.


Según el texto, el espíritu de las convenciones como la de ONU no es distinto al que motivó la ley, que busca controlar un mercado hoy en manos del narcotráfico.





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