El destacado especialista en temas de drogas que colabora con la ONU, Antonio Mazziteli, dijo que los consumidores de marihuana deben tener una alternativa a su persecución.

En México uno de los temas con diferentes opiniones entre especialistas es si un mercado negro se mantendría o ampliaría si se legalizase el cannabis medicinal pero no se regulase su producción.

El Senado mexicano abrió la posibilidad de que que se legalice la marihuana con fines médicos y se permita legalmente el porte de una cantidad, que variaría de 5 a 28 gramos, para consumo particular.

Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), consideró que no habría problema si esto se acepta y queda prohibida la producción.

Steve Rolles, analista de Transform Drug Policy Foundation, existiría tres formulas para su regulación y demanda: permitir el autocultivo, creación de clubes de marihuana y regular su comercio.

Comentó que en Uruguay se permiten hasta nueve plantas para autoconsumo, en Bélgica una planta y en España dos.

             “España tuvo problemas con los clubes de cannabis. Entonces, la razón es que estos clubes de cannabis no están regulados; mi recomendación es que deben ser regulados totalmente. Entonces, si lo quieren ustedes hacer adecuadamente, lo que yo insto a México es a que lo haga, se regulan los clubes de cannabis en vez de dejarlo a un código de voluntarios, como la gente en España. Y la Legislatura, esto puede llevar a este proceso y a estas decisiones y no dejarlo a grupos informarles”, comentó en el Senado.

Sin embargo, Antonio Mazzitelli, comentó que varias naciones desarrolladas están en la tendencia de legalizar algunos aspectos de consumo aunque limitando la producción. Dejando claro que México debe precisar al hablar de pequeñas dosis.

También dijo que el tráfico existe en todo el mundo, y todos los países lo consideran una industria ilícita que tiene que ser perseguida y acotada.

             “El narcotráfico, los grandes traficantes, los generadores de violencia, tienen que ser perseguidos. El consumidor que tiene una posesión de un producto vetado debería tener un tratamiento diferente a la persecución penal”, declaró.