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AVISO LEGAL
La importación, tenencia y venta de semillas de cannabis no están reguladas por la ley de acuerdo con el Tratado Unilateral de Estupefacientes acordado en Viena en 1961. En algunos países como en España el cultivo de semillas de cannabis por empresas, asociaciones o particulares, sin la debida autorización, puede ser constitutivo de delito (Artículo 25.1 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Artículo 368 del Código Penal), por lo que la venta de semillas en estos países es, exclusivamente, para aplicaciones industriales, colección o preservación genética. Los distribuidores y clientes de Neville Grow, aceptan la restricción específica de que las semillas no sean utilizadas por terceros para fines ilícitos. Así mismo no se pretende fomentar ni inducir a nadie a actuar contra la Ley y cada cual es responsable de sus actos.
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18/03/2014

Mayor Grupo de Salud Pública en EEUU el American Public Health Association apoya la despenalización

Uno de los grupos de defensa de la salud pública más antiguos y más grandes e importantes de Estados Unidos dice que basta ya con la guerra contra las drogas.


Recogíamos una noticia en The 420 Times que publicaba que el grupo pro-cannabis Drug Policy Alliance había elogiado a la Asociación Americana de Salud Pública por su toma de postura oficial en contra de la criminalización del consumo de drogas.


El DPA dice :


La Drug Policy Alliance ha defendido durante mucho tiempo este mismo conjunto de políticas – las políticas basadas en la ciencia, la compasión,  la salud  y los derechos humanos. El Congreso y los estados deben ponerse a trabajar en esta hoja de ruta de la salud pública para poner fin a la desastrosa guerra contra las drogas.


Las últimas declaraciones políticas de la APHA alientan el final de la acción penal grave por el uso y la posesión, la inversión en la reducción del tratamiento y el daño, el cierre de los tribunales de drogas y que se regulen las sustancias. De acuerdo con un resumen de la organización de 140 años de edad, es la nueva política:


Alienta a los legisladores federales, estatales y locales para que implementen las estrategias de prevención e intervención basadas en la evidencia, como la ampliación del acceso a programas de tratamiento y la reorientación de los recursos de los programas de justicia penal para los de salud pública.




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