El Senado canadiense aprobó legalizar el cannabis en junio de 2018, permitiéndose la producción y consumo de la sustancia a partir del 17 de octubre del mismo año. La importancia que tiene este hecho viene determinada por el potencial político y económico del país, ya que es el primer miembro del G-20 que lo hace.
De este modo se une a la lista, cada vez más larga, de países que han optado por reducir las restricciones respecto a la producción, comercio y consumo de esta sustancia y apostar por vías políticas más aperturistas.
Estas varían en un rango que va desde la mera despenalización hasta el libre comercio, desde la venta de la sustancia en su estado natural (marihuana) hasta solamente el comercio de sus extractos (cbd o thc), y desde la venta para consumo exclusivamente terapéutico hasta la venta también para uso lúdico o recreativo como, de hecho, ha sucedido en el caso de Canadá.
Al margen de esta situación, los malos resultados de las políticas prohibicionistas, que tenían por finalidad reducir el consumo de la sustancia, son una realidad a nivel internacional que no puede obviarse a poco que se analicen los índices de consumo.
Así, en la Unión Europea, 91.2 millones de ciudadanos de entre 15 y 64 años manifiestan haber consumido cannabis alguna vez en su vida, lo que supone un 27.4% de la población en ese grupo de edad, según datos de 2019 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
Y a ello habría que sumar que de los países que han realizado encuestas desde 2016, seis notificaron estimaciones más altas de consumo, cinco se mantuvieron estables y solamente uno notificó estimaciones más bajas que en las anteriores encuestas.
En España los datos de consumo son sustancialmente más elevados, continuando una tendencia creciente que se inició en el año 2013 y que ha llevado en el año 2017 a un porcentaje de consumo (alguna vez en la vida y para el tramo de edad señalado anteriormente) del 35.2%, el valor más alto de la toda la serie histórica, cuyos datos se remontan a 1995.
Hasta el momento, la principal razón que ha justificado la prohibición del cultivo y consumo de cannabis, al menos de forma pública y obviando otras causas socioeconómicas objeto de polémicas, se ha basado en la consideración de sus supuestos efectos peligrosos para la salud y de un limitado poder terapéutico, aspectos que quedaban asumidos por su inclusión en la lista de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961.
Sin embargo, dos fenómenos recientes han venido a cuestionar este planteamiento. El primero, la continua investigación sobre los usos terapéuticos de la sustancia. Y, el segundo, consecuencia del anterior, el envío de la carta del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando eliminar el cannabis de la lista de drogas más peligrosas, lo que implicaría someterlo a un nuevo estatus regulador.
En lo referente al uso terapéutico, a su vez, se han dado avances importantes. Por un lado, se ha venido a confirmar la posibilidad de que el consumo de cannabis precipite ciertos cuadros psicóticos latentes en personas predispuestas, pero se ha reducido la presunción de su papel determinista y explicativo-causal en la generación de los mismos. Se ha incrementado de forma considerable el número de usuarios que utiliza cannabis para paliar sintomatología diversa.
Por otro, y como bien podemos apreciar los profesionales en consulta, se ha incrementado de forma considerable el número de usuarios que utiliza cannabis para paliar sintomatología diversa relacionada con múltiples enfermedades, aprovechando los beneficios de consumo de la sustancia avalados por los resultados de las últimas investigaciones y que se extienden tanto a enfermedades físicas como mentales.
Así, entre las primeras, podemos mencionar el uso de cannabis para mejorar los trastornos no oncológicos que cursan con dolor crónico y son resistentes a los fármacos habituales o ciertos resultados que, aunque no son concluyentes, sí son prometedores en cuanto a la mejoría que genera para tratar cuadros de epilepsia resistente.
Entre las segundas, ciertos estudios evidencian la capacidad para reducir el miedo propio del estrés postraumático con la consiguiente facilitación de la intervención psicológica, o su capacidad para modular la ansiedad, si bien en este sentido habría que tener en cuenta que aunque dosis moderadas pueden tener un efecto ansiolítico, dosis altas pueden generar el efecto contrario.
Al margen de los aspectos más puramente sanitarios, la tercera vertiente objeto de estudio en el debate sobre la legalización, es la que ha afectado al factor económico, dado que la legalización del cannabis generaría una actividad productiva e industrial de alto impacto.
Y en este sentido, dicha industria podría suponer para España, según algunas estimaciones, una actividad económica cuya cuantía superara los 8.000 millones de euros en 2028 (Prohibition Partners, 2019), dadas las idóneas condiciones climatológicas y tecnológicas existentes en nuestro país para su desarrollo.
Por todo ello, y en conclusión, si tenemos en cuenta los índices de consumo, los aspectos sanitarios y económicos, y analizamos la tendencia creciente de países que optan por una regulación más aperturista, así como lo que parece una imparable progresión internacional hacia la legalización de la sustancia, la pregunta que cabe hacerse es si no debería ir posicionándose España ante esta situación, con el fin de obtener cuanto antes el conjunto de beneficios potenciales (personales, sociales y económicos) que brindaría este nuevo mercado.
-------
SHOULD CANNABIS BE LEGALIZED IN SPAIN?
The Canadian Senate approved to legalize cannabis in June 2018, allowing the production and consumption of the substance as of October 17th of the same year. The importance of this fact is determined by the political and economic potential of the country, since it is the first member of the G20 to do so.
In this way, it joins the increasingly long list of countries that have opted to reduce restrictions on the production, trade and consumption of this substance and bet on more open political paths.
These paths vary in a range that goes from mere decriminalization to free trade, from the sale of the substance in its natural state (marijuana) to only the sale of its extracts (cbd or thc), and from the sale for exclusively therapeutic consumption to the sale also for recreational use as, in fact, has happened in the case of Canada.
Apart from this situation, the poor results of the prohibitionist policies, which were aimed to reducing the consumption of the substance, are an international reality that cannot be ignored shortly after the consumption rates are analyzed.
Thus, in the European Union, 91.2 million citizens between 15 and 64 years old claim to have used cannabis at some time in their lives, which represents 27.4% of the population in that age group, according to 2019 data from the European Observatory of Drugs and Drug Addiction.
And it should be added that of the countries that have conducted surveys since 2016, six reported higher estimates of consumption, five remained stable and only one reported lower estimates than in previous surveys.
In Spain, consumption data are substantially higher, continuing a growing trend that began in 2013 and that has led in 2017 to a percentage of consumption (sometime in life and for the ages indicated above) 35.2%, the highest value in the entire historical series, whose data date back to 1995.
So far, the main reason that has justified the prohibition of the cultivation and consumption of cannabis, at least publicly and bypassing other socio-economic causes subject to controversies, has been based on the consideration of its supposed dangerous effects on health and a limited therapeutic power, aspects that were assumed by its inclusion in the list of the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961.
However, two recent phenomena have come to question this approach. The first, the continuous research on the therapeutic uses of the substance. And the second, as a result of the previous one, the sending of the letter from the director of the World Health Organization, Tedros Adhanom, to the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, requesting to eliminate cannabis from the list of more dangerous drugs, which would imply subjecting it to a new regulatory status.
With regard to therapeutic use, important advances have been made. On the one hand, the possibility that cannabis use precipitates certain latent psychotic conditions in predisposed people has been confirmed, but the presumption of its deterministic and explanatory-causal role in the generation of them has been reduced. The number of users who use cannabis to alleviate diverse symptoms has increased considerably.
On the other hand, and as we can see by professionals in consultation, the number of users who use cannabis to alleviate various symptoms related to multiple diseases has increased considerably, taking advantage of the substance consumption benefits endorsed by the results of the latest research and that extend to both physical and mental illnesses.
Thus, among the first, we can mention the use of cannabis to improve non-oncological disorders that occur with chronic pain and are resistant to usual drugs or certain results that, although not conclusive, are promising in terms of the improvement it generates to treat resistant epilepsy symptoms.
Among the latter, certain studies show the ability to reduce the fear of post-traumatic stress with the subsequent facilitation of psychological intervention, or its ability to modulate anxiety, although in this regard it should be taken into account that although moderate doses may have an anxiolytic effect, high doses can generate the opposite effect.
Apart from the more purely sanitary aspects, the third aspect studied in the legalization debate is the one that has affected the economic factor, given that the legalization of cannabis would generate a productive and industrial activity of high impact.
And in this sense, this industry could mean for Spain, according to some estimates, an economic activity whose amount exceeds 8.000 million euros in 2028 (Prohibition Partners, 2019), given the ideal climatic and technological conditions existing in this country for its development .
For all this, and in conclusion, if we take into account consumption rates, health and economic aspects, and analyze the growing trend of countries that opt for more open regulation, as well as what seems an unstoppable international progression towards legalization of the substance, the question that can be asked is whether Spain should not be positioned in this situation, in order to obtain as soon as possible the set of potential benefits (personal, social and economic) that this new market would provide.
