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LEY DE CANNABIS RECREATIVO, UN CHANCE PARA CAMBIAR EL ENFOQUE DE COLOMBIA



La presentación de un proyecto de ley que regule el acceso civil al cannabis recreativo ya disparó la polémica en Colombia.

Sin embargo, para el abogado de Medellín Jorge Vallejo Gómez, el país cafetero está ante la gran oportunidad de cambiar el enfoque histórico en materia de drogas.

Así lo asegura en un editorial del sitio Al Poniente en el que afirma: “Es necesario un cambio de enfoque frente a las políticas sobre el cannabis”.

La marihuana o Cannabis, es considerada la droga ilegal más consumida en el mundo.

Su regulación como mercado para el consumo recreativo, es un tema de alta controversia, que precisamente por estos días vuelve a ponerse en la mesa de discusión, con la reciente decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, de condicionar el accionar de la Policía frente a la medida de decomiso de estas sustancias, que ahora solo se podrá hacer cuando se compruebe que la droga está siendo comercializada.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de quienes consumen estas sustancias.

Con la Sentencia hito C-221 de 1994, declara inexequible las sanciones que se imponían a los consumidores hasta de la misma dosis personal, en el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

Luego a través de la Sentencia C-491 de 2012, despenaliza el porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética; y con la reciente Sentencia C-253 de 2019, elimina la prohibición de consumir sustancias alcohólicas y psicoactivas en parques y espacios públicos, que el Código Nacional de Policía y Convivencia había establecido.

Frente a la decisión tomada esta semana, recordemos que a los pocos meses de la posesión de Duque, sus Ministros de Interior; Justicia y del Derecho; y de Defensa, presentaron el Decreto 1844 de 2018, el cual modificó el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas.

De esta forma, el actual gobierno nacional, mostró su postura frente al tema, reflejando claramente su diferencia con el anterior gobierno, e intensificando el tono represivo y criminalizador, frente a un fenómeno que se ha enfrentado bajo políticas que han resultado ser una guerra perdida desde el enfoque prohibicionista, tal como lo dijo la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, en la Declaración de 2009, “Drogas y Democracia: hacia un cambio de paradigma y hoy”.

Asimismo , lo dijo este año la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), en su informe: “La aplicación  de las leyes  de drogas, un nuevo enfoque en las élites de  la delincuencia organizada”; recomendando a los Estados “reconocer las consecuencias negativas de los enfoques represivos de aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que la prohibición forja y fortalece a las organizaciones delictivas” 

Sin embargo, es claro que el panorama para lograr un cambio en las políticas sobre el cannabis y frente al consumo recreativo de drogas en general, es muy desafiante, teniendo en cuenta además que en la sociedad persisten muchos prejuicios para dar ese paso.

Justamente, una reciente encuesta de Gallup Colombia S.A.S (2019), reveló que el 72 por ciento de los encuestados, está en desacuerdo con legalizar el tráfico y el consumo de drogas en el país.

Lo que sugiero que reflexionen las personas que aún no son conscientes de la necesidad de cambiar estos enfoques, es que por el camino de la prohibición seguiremos girando en el mismo círculo vicioso.

Entendan que la idea es regular un mercado, así como está regulado el consumo del tabaco y el alcohol, los cuales son considerados consumos mucho más problemáticos y adictivos, que el cannabis, que ni siquiera alcanza a producir muertes por sobredosis en sus consumidores.

Avanzar hacia un enfoque de derechos, de salud pública y migración del daño, sería una posible ruta para superar muchas de las problemáticas que trae consigo la no regulación: muertes; conflictos por el territorio y el control del mercado; mala calidad y adulteración de la sustancia; populismo punitivo y abusos policiales; entre otras problemáticas, que sobre todo afectan a los eslabones más bajos y vulnerables de la cadena, expendedores, cultivadores y consumidores.

En hora buena entonces la decisión del Consejo de Estado, que se suma a la lista de providencias que se han dado en ese mismo sentido de defender los derechos a la dosis mínima, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad y la dignidad humana.

Y esperemos que las iniciativas de Senadores como Katherine Miranda y Gustavo Bolívar de regular este mercado del cannabis para su uso recreativo; y la iniciativa de los Senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia, de regular la cocaína, puedan salir adelante y se logre avanzar en la construcción de un régimen alternativo al régimen internacional de control y prohibición de las drogas, que impera en la actualidad.

     LUPA RUBRA


The presentation of a bill that regulates civil access to recreational cannabis and triggered politics in Colombia.

However, for Medellín lawyer Jorge Vallejo Gómez, the coffee country is facing a great opportunity to change the historical approach to drugs.

This is stated in an editorial on the Al Poniente site in which he states: "A change of approach is necessary in the face of cannabis policies."

Marijuana or Cannabis is the most widely consumed illegal drug in the world.

Its regulation as a market for recreational consumption is a subject of high controversy, which specifically these days returns to the table of discussion, with the recent decision of the First Section of the Council of State, of the condition of action of the Police against the measure of decomposition of these substances, which now can only be done when the drug is verified is being marketed.

The Constitutional Court has also ruled on several occasions in favor of those who consume these substances.

With the Milestone C-221 Judgment of 1994, it declares the injuries that were imposed on consumers to the same personal dose as unenforceable, in the National Statute of Narcotic Drugs.

Then, through Sentence C-491 of 2012, decriminalize the bearing or the preservation of doses, exclusively for personal consumption, of narcotic, psychotropic substance or synthetic drug; and with the recent Judgment C-253 of 2019, it eliminates the prohibition of consuming alcoholic and psychoactive substances in parks and public spaces, which the National Code of Police and Coexistence had established.
Faced with the decision made this week, let us remember that a few months after the possession of Duque, his Interior Ministers; Justice and Law; and Defense, presented Decree 1844 of 2018, which amended the National Code of Police and Coexistence, regarding the prohibition of possessing, having, delivering, distributing or marketing drugs.

In this way, the current national government, showed its position on the issue, clearly reflecting its difference with the previous government, and intensifying the repressive and criminalizing tone, against a phenomenon that has been faced under policies that have turned out to be a lost war from the prohibitionist approach, as stated by the Latin American Commission on Drugs and Democracy, in the 2009 Declaration, "Drugs and Democracy: towards a paradigm shift and today".

Likewise, the Global Drug Policy Commission (CGPD) said this year, in its report: “The application of drug laws, a new focus on organized crime elites”; recommending that states “recognize the negative consequences of repressive drug policy approaches to law enforcement and admit that prohibition forges and strengthens criminal organizations”

However, it is clear that the panorama to achieve a change in cannabis policies and in the face of recreational drug use in general, is very challenging, also bearing in mind that in society many prejudices persist to take this step.

Precisely, a recent survey by Gallup Colombia S.A.S (2019), revealed that 72 percent of the respondents disagree with legalizing drug trafficking and consumption in the country.

What I suggest that people who are not yet aware of the need to change these approaches reflect, is that on the path of prohibition we will continue to turn in the same vicious circle.
Moving towards a rights, public health and harm migration approach would be a possible route to overcome many of the problems that non-regulation brings: deaths; conflicts over territory and market control; poor quality and adulteration of the substance; punitive populism and police abuse; among other problems, which above all affect the lowest and most vulnerable links in the chain, vendors, growers and consumers.

In good time, then, the decision of the Council of State, which joins the list of measures that have been taken in the same sense to defend the rights to the minimum dose, to the free development of personality, to freedom and human dignity .

And we hope that the initiatives of Senators like Katherine Miranda and Gustavo Bolívar to regulate this cannabis market for recreational use; and the initiative of Senators Iván Marulanda and Feliciano Valencia, to regulate cocaine, may go ahead and achieve progress in the construction of an alternative regime to the international regime of control and prohibition of drugs, which prevails today.

        LUPA RUBRA