El Gobierno nacional ya trabaja en la elaboración de una serie de propuestas para la despenalización del consumo de drogas. El Ejecutivo espera poder debatirlas en el Congreso antes de que termine el año.
El principal responsable de llevar adelante esta iniciativa es el cura Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
En diciembre pasado Molina se mostró a favor de “no criminalizar” al
adicto e iniciar el camino hacia el cambio de la ley de
estupefacientes.
Ahora
la ley castiga con cárcel toda tenencia de drogas. Sin embargo, en el
fallo Arriola de 2009 la Corte Suprema afirmó que es inconstitucional
castigar a una persona por tener y consumir marihuana si no pone en
peligro a terceros. Al no modificarse la ley, el fallo provocó
interpretaciones diversas. Las fuerzas de seguridad siguen deteniendo a
quienes tienen incluso mínimas cantidades de estupefacientes y se forman
numerosas causas penales cuya resolución siempre depende de cómo
interpreta cada juez el fallo Arriola.
Según la ONU, cerca de ocho millones de
personas consumen marihuana en América Latina. Con el propósito de
despenalizar su uso, muchos políticos de la zona proponen legalizarla.