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AUNQUE EL CONSUMO DE CANNABIS SEA LEGAL, AÚN SIGUE COSTÁNDOLE EL EMPLEO A MUCHAS PERSONAS



Los votantes de California legalizaron la marihuana en 2016. Pero para muchos que buscan trabajo en el gobierno estatal, el consumo de cannabis se ha convertido en un obstáculo de la contratación.

La cantidad de solicitantes a puestos de oficiales correccionales estatales que fueron descalificados después de dar positivo en el análisis de cannabis aumentó más del doble, de 503 en 2015 -el año anterior a la legalización- a 1.053 en 2018. En 2019, 813 aplicantes a guardia de prisión fueron descalificados por dar positivo.


Como también en el sector privado de California cada vez más solicitantes fallan en los análisis de marihuana y son descalificados, los defensores de la legalización de la sustancia, incluido un legislador, piden ahora al estado que modifique las leyes laborales.


“No creo que la prohibición del consumo de cannabis sea justa o necesaria para tener un lugar de trabajo seguro”, consideró Ellen Komp de California NORML, que apoyó la Propuesta 64, la iniciativa de legalización de 2016. “Nuestra posición es que las personas pueden consumir marihuana legal y responsablemente fuera de su empleo, siempre y cuando no se presenten con problemas ni la utilicen en el trabajo”.


“Ser discriminado por su empleador por el tipo de medicamento que se usa es inhumano y equivocado”, aseveró el asambleísta Bonta. “El cannabis medicinal, si es recomendado por un doctor, debe tener un tratamiento razonable, similar a todos los medicamentos recetados”.


El proyecto de ley de Bonta no se aplicaría a los trabajadores “sensibles a la seguridad”, que la ley federal exige que estén libres de drogas, incluidos los pilotos de líneas aéreas, los oficiales de policía y los conductores de camiones, ni cubriría a los empleadores con contratistas federales que deben mantener los lugares de trabajo libres de drogas.


A nivel nacional, la tasa de pruebas positivas de drogas en las fuerzas laborales del sector público y privado alcanzó su máximo en catorce años en 2018 -el último año con estadísticas-, cuando llegó al 4.4% para todas las drogas, según un estudio de Quest Diagnostics, basado en 10 millones de análisis procesados.


El porcentaje de empleados y solicitantes de empleo que no tenían trabajos sensibles a la seguridad y dieron positivo a la marihuana en California aumentó de 2.3% en el año anterior a la Propuesta 64 a 3.1% en 2018, una cifra más alta que la tasa nacional de 2.8%, según el análisis.


Komp, de NORML, quiere que la Legislatura vaya más allá del proyecto de ley de Bonta y pida a los legisladores que también prohíban las pruebas de orina para detectar cannabis en controles de drogas aleatorios o previos al empleo en el sector público y privado, excepto cuando lo exija la ley federal. La norma actual es insostenible, consideró. “El resultado es la discriminación injusta de los trabajadores calificados, a quienes se les niega el tratamiento médico con marihuana y, a menudo, se les obliga a depender de los opiáceos y otras drogas más peligrosas”, explicó Komp.


     LUPA RUBRA




California voters legalized marijuana in 2016. But for many who are looking for work in the state government, cannabis use has become an obstacle to hiring.

The number of applicants for positions of state correctional officers who were disqualified after testing positive for cannabis analysis increased more than doubled, from 503 in 2015 - the year prior to legalization - to 1,053 in 2018. In 2019, 813 applicants to prison guard were disqualified for giving positive.


As also in the private sector of California, more and more applicants fail to analyze marijuana and are disqualified, advocates for the legalization of the substance, including a legislator, are now asking the state to amend labor laws.


“I do not believe that the prohibition of cannabis use is fair or necessary to have a safe workplace,” said Ellen Komp of California NORML, which supported Proposition 64, the 2016 legalization initiative. “Our position is that people they can consume marijuana legally and responsibly outside their employment, as long as they do not present themselves with problems or use it at work. ”


"Being discriminated against by your employer for the type of medication used is inhuman and wrong,"
said Assemblyman Bonta. "Medical cannabis, if recommended by a doctor, should have reasonable treatment, similar to all prescription medications."


The Bonta bill would not apply to "safety-sensitive" workers, who are required by federal law to be drug-free, including airline pilots, police officers and truck drivers, nor would it cover employers with federal contractors who must keep drug-free workplaces.


Nationally, the rate of positive drug tests in the public and private sector labor forces peaked in fourteen years in 2018 - the last year with statistics - when it reached 4.4% for all drugs, according to a study of Quest Diagnostics, based on 10 million analyzes processed.
The percentage of employees and job seekers who did not have security-sensitive jobs and tested positive for marijuana in California increased from 2.3% in the year prior to Proposition 64 to 3.1% in 2018, a figure higher than the national rate 2.8%, according to the analysis.


Komp, of NORML, wants the Legislature to go beyond the Bonta bill and ask legislators to also ban urine tests to detect cannabis in random or pre-employment drug controls in the public and private sectors, except when required by federal law. The current standard is unsustainable, he said. "The result is unfair discrimination against skilled workers, who are denied medical treatment with marijuana and are often forced to rely on opiates and other more dangerous drugs," Komp explained.


      LUPA RUBRA