La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las comunidades migrantes. Alimenta la discriminación racial, la militarización de la frontera, la violencia contra los migrantes, la intrusión y vigilancia del gobierno, y – especialmente – las detenciones y deportaciones generalizadas.
Los
medios de comunicación y los políticos han tratado de convencernos de
que todas las personas que son deportadas son criminales violentos,
terroristas, o narcotraficantes. Pero un nuevo informe único en su clase
destroza esa noción, mostrando en cambio que la mayoría
(aproximadamente dos tercios) de las deportaciones durante el año pasado
fueron debido a delitos o infracciones menores que no implicaron
violencia alguna – incluyendo miles de deportaciones simplemente por
posesión de pequeñas cantidades de drogas, frecuentemente marihuana.
El
reporte, un análisis de datos federales elaborado por Transactional
Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, detalla que
alrededor de 40,000 personas han sido deportadas por violaciones a las
leyes sobre drogas cada año desde 2008. Eso significa que cerca de
250,000 personas (es decir, un cuarto de millón) fueron deportadas por
delitos no violentos relacionados con las drogas sólo en los últimos
seis años. Una ofensa no violenta a las leyes de drogas fue la causa de
deportación de más de una de cada diez (11%) personas deportadas por
cualquier razón en 2013, y casi una de cada cinco (19%) de aquellos que
fueron deportados por una condena criminal.
Así
como la guerra contra las drogas induce a la encarcelación masiva,
también parece conducir a la deportación masiva. Ciertamente el reporte
revela que simple posesión de marihuana fue la cuarta razón más común
entre las deportaciones por cualquier delito, y la causa más común entre
las deportaciones por crímenes que involucraban drogas. En promedio,
más de 6,600 personas fueron deportadas en cada uno de los dos años
anteriores sólo por posesión personal de marihuana, y en total, casi
20,000 personas fueron deportadas en 2013 por simple posesión de
cualquier droga o artículos para consumir drogas.
En
contraste, relativamente pocas de esas deportaciones fueron de
narcotraficantes, mucho menos de capos violentos. “Las personas
condenadas por tráfico de drogas suman sólo el 1% de las deportaciones
por condenas criminales – se describe en el reporte – mientras que la
posesión de marihuana fue más de tres veces ese nivel.”
¿Qué
pasa con las personas deportadas? La triste y cruda verdad es que
primero serán desaparecidas en algún punto del sistema de prisiones y
centros de detención, un sistema que cada vez más tiene fines de lucro.
Luego serán llevadas de vuelta a sus países de origen, donde puede que
ya no tengan vínculos familiares o comunitarios. Puede que no logren
saciar necesidades básicas como alimentación, vivienda y servicios de
salud; y puede que enfrenten serias afrentas contra su seguridad.
Usualmente, a quienes son removidos del país se les prohíbe reentrar –
muchas veces de por vida – aunque tuviesen familiares que sí fueran
ciudadanos estadounidenses, o vínculos construidos por décadas en las
comunidades donde vivían aquí en los Estados Unidos.
Debido
a estas graves consecuencias, activistas de la reforma de las políticas
de drogas y defensores de los derechos de los migrantes han comenzado a
trabajar juntos para exigir reformas humanas tanto a las políticas de
drogas como aquellas de migración. Primordialmente en nuestras demandas
se encuentra que nadie debe ser arrestado, encarcelado, o deportado
simplemente por usar o estar en posesión de drogas; y eso lleva a dos
importantes reformas: (1) legalizar y regular la marihuana, y (2) dejar
de arrestar y criminalizar a la gente que use o posea cualquier otra
droga.
Estas
racionales reformas son difícilmente controversiales: encuestas
recientes indican que mayorías sustanciales a nivel nacional parecen
estar a favor de las dos propuestas. Y aunque modestas, estas reformas
tendrían un gran impacto: salvarían a decenas de miles de personas de la
deportación cada año, al tiempo que decenas de miles más evitarían la
angustia de un arresto, condena, sentencia en alguna cárcel o prisión, o
marcas en sus récords criminales; y también ahorraría millones de
dólares en recursos públicos ahora malgastados.
Dichos
pasos son críticos para desmantelar la guerra contra las drogas y para
detener la guerra contra los migrantes – luchas que son, en muchas
maneras, la misma.
Por Daniel Ernesto Robelo
Daniel Ernesto Robelo es coordinador de investigación para la Drug Policy Alliance.